El nombre del expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez vuelve a ocupar el centro del debate nacional tras conocerse una nueva investigación en su contra. La Fiscalía General de la Nación abrió un proceso para determinar su posible responsabilidad en hechos relacionados con la presunta creación y apoyo de grupos paramilitares que operaron en Antioquia durante la década de 1990.
De acuerdo con las decisiones judiciales reveladas en las últimas horas, el exmandatario será investigado por los delitos de homicidio agravado en persona protegida y concierto para delinquir agravado, conductas que estarían relacionadas con la supuesta conformación de estructuras armadas ilegales en esa región del país.
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La investigación también busca esclarecer posibles responsabilidades en hechos violentos que marcaron la historia reciente de Antioquia, entre ellos las masacres de El Aro y La Granja, así como el asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle. Estos sucesos ocurrieron cuando Uribe se desempeñaba como gobernador del departamento.
Según los expedientes judiciales, una de las líneas de investigación gira en torno a la presunta relación de grupos paramilitares con la hacienda Guacharacas, propiedad de la familia Uribe. La Fiscalía pretende establecer si existieron vínculos entre dichas estructuras armadas y personas cercanas al entonces dirigente político.
Tras conocerse la decisión, el expresidente rechazó los señalamientos y sostuvo que es víctima de una persecución política. Además, manifestó su disposición de ejercer su defensa dentro de los escenarios judiciales correspondientes.
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El nuevo proceso se suma a otros episodios judiciales que han mantenido a Uribe bajo el escrutinio público durante los últimos años, convirtiéndose en uno de los casos más relevantes y controvertidos de la política colombiana contemporánea. Mientras avanzan las diligencias, el país permanece atento a las decisiones que adopten los organismos judiciales y a las pruebas que puedan surgir durante la investigación.
