El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció la expedición del Decreto 1525 del 13 de octubre de 2026, una norma que modifica los protocolos de actuación de la Fuerza Pública durante las manifestaciones. El mandatario defendió la medida al asegurar que busca garantizar el derecho a la protesta pacífica, pero permitir una respuesta de las autoridades frente a hechos violentos, actos de vandalismo y bloqueos que afecten a otros ciudadanos.
El anuncio fue realizado a través de las redes sociales del jefe de Estado, quien acompañó la publicación con un mensaje contundente: “¡Se acabó la guachafita!”. Con esta expresión, reiteró que su Gobierno respaldará las movilizaciones pacíficas, pero no permitirá acciones que, según explicó, vulneren derechos como el trabajo, la educación y la libre movilidad.
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¿Qué cambia con el Decreto 1525 de 2026?
La nueva disposición establece modificaciones a los procedimientos de diálogo, mediación e intervención policial durante las manifestaciones públicas.
Uno de los principales cambios consiste en que, cuando se presenten actos violentos, las autoridades podrán intervenir directamente frente a las personas responsables sin tener que esperar a que concluya el diálogo con el conjunto de los manifestantes.
La norma también establece criterios para la actuación policial ante situaciones que involucren agresiones, uso de armas, elementos peligrosos, daños a bienes o bloqueos que afecten derechos de terceros.
De acuerdo con el Gobierno nacional, el propósito es definir con mayor claridad las condiciones en las que puede actuar la Fuerza Pública y establecer mecanismos para proteger tanto a quienes participan pacíficamente en una protesta como a quienes no hacen parte de ella.
“La protesta se respeta, pero la violencia no se tolera”
Tras la expedición del decreto, De la Espriella insistió en que su administración mantendrá las garantías para los ciudadanos que salgan a las calles de manera pacífica.
Sin embargo, advirtió que quienes incurran en conductas violentas deberán responder ante las autoridades, con respeto por el debido proceso.
El mandatario sostuvo que el derecho a la manifestación no puede desconocer otras libertades ciudadanas, especialmente cuando se presentan bloqueos o acciones que impiden el tránsito de personas y el desarrollo de actividades cotidianas.
La postura del Ejecutivo marca una línea más estricta frente a los disturbios durante las jornadas de protesta. No obstante, la aplicación de la norma deberá respetar los derechos fundamentales y los límites legales establecidos para el uso de la fuerza.
El decreto genera debate sobre el derecho a la protesta
La modificación de los protocolos de intervención policial se produce en medio de cuestionamientos de sectores sociales y políticos sobre el alcance de las nuevas facultades de la Fuerza Pública.
Mientras el Gobierno sostiene que los cambios buscan responder con mayor eficacia ante actos violentos, críticos de la medida han advertido sobre posibles riesgos para el ejercicio de la protesta social y la actuación de los uniformados.
El punto central de la discusión será cómo se aplican los nuevos criterios en las calles y qué garantías tendrán los ciudadanos para manifestarse sin que se vulneren sus derechos.
La existencia de actos violentos no elimina automáticamente el derecho de las demás personas a protestar pacíficamente, por lo que la actuación de las autoridades deberá distinguir entre quienes cometen agresiones y quienes participan de manera legítima en las movilizaciones.
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Colombia enfrenta una jornada de movilizaciones
La expedición del decreto coincide con las manifestaciones convocadas para el miércoles 14 de octubre en distintas ciudades del país, en rechazo a políticas del Gobierno nacional.
La jornada representa uno de los primeros escenarios en los que las nuevas disposiciones podrían ponerse en práctica. Por ello, la actuación de la Policía y la respuesta de los manifestantes serán observadas de cerca por organizaciones sociales, autoridades y defensores de derechos humanos.
Por ahora, el debate se concentra en el equilibrio entre mantener el orden público, proteger la movilidad y garantizar que la protesta pacífica continúe siendo un derecho fundamental en Colombia.
