El Gobierno del presidente Gustavo Petro volvió a encender la polémica alrededor del sistema de salud colombiano luego de presentar un recurso judicial con el que busca revivir el traslado masivo de pacientes hacia Nueva EPS, entidad que actualmente se encuentra bajo intervención estatal.
La nueva movida jurídica del Ministerio de Salud llega después de que el Consejo de Estado suspendiera provisionalmente el decreto que permitía mover millones de afiliados a esa EPS, una decisión que frenó temporalmente una de las estrategias más cuestionadas del Ejecutivo frente a la crisis sanitaria que atraviesa el país.
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De acuerdo con la información conocida, el Gobierno radicó un recurso de súplica con el objetivo de revertir la medida cautelar emitida por el alto tribunal. La administración Petro considera que la suspensión afecta la capacidad de respuesta frente a la situación financiera y operativa de varias entidades promotoras de salud.
El debate tomó fuerza debido a que Nueva EPS ya enfrenta una alta presión asistencial y constantes cuestionamientos relacionados con atención médica, entrega de medicamentos y sostenibilidad financiera. Expertos del sector han advertido que un traslado masivo de usuarios podría aumentar el riesgo de congestión en la prestación de servicios si no existe una planeación adecuada.
La decisión del Consejo de Estado de frenar provisionalmente el decreto generó tensiones entre el Ejecutivo y la rama judicial. Desde la Casa de Nariño se han emitido fuertes críticas contra las decisiones judiciales que han limitado algunas medidas impulsadas por el Gobierno en sectores estratégicos como salud y pensiones.
Mientras avanza el proceso jurídico, pacientes y usuarios del sistema permanecen en incertidumbre sobre el futuro de sus servicios médicos. Diferentes sectores políticos y organizaciones de salud han solicitado claridad frente al manejo de las EPS intervenidas y las garantías de atención para millones de colombianos.
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La controversia se suma al complejo panorama que enfrenta el sistema de salud nacional, marcado por cierres de clínicas, demoras en tratamientos y dificultades financieras en varias entidades prestadoras. Analistas consideran que las decisiones que adopten las altas cortes en las próximas semanas podrían definir el rumbo de la política sanitaria del Gobierno Petro.
