Momentos de preocupación se vivieron durante una actividad política del candidato presidencial Abelardo de la Espriella en el municipio de Envigado, Antioquia, luego de que su esquema de seguridad identificara a un hombre armado que presuntamente intentaba infiltrarse haciéndose pasar por integrante del equipo de protección.
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Según informó la campaña del aspirante presidencial, el sujeto fue detectado en medio de la avanzada de seguridad mientras realizaba movimientos considerados sospechosos por parte del personal encargado de custodiar el evento.
Durante la verificación, el individuo habría sido encontrado con armamento, binoculares, dispositivos electrónicos y otros elementos que ahora son materia de investigación por parte de las autoridades competentes. Además, el hombre insistía en asegurar que pertenecía al esquema oficial de seguridad del candidato, información que fue desmentida de inmediato por la campaña política.
De acuerdo con versiones conocidas tras el incidente, el sospechoso también tendría registros audiovisuales relacionados con el lugar del evento, accesos estratégicos y movimientos logísticos de la actividad política, situación que incrementó las alertas dentro del equipo de seguridad.
El movimiento político Defensores de la Patria calificó el hecho como una grave irregularidad y pidió a las autoridades adelantar una investigación exhaustiva para esclarecer si realmente existía un plan contra la integridad del candidato presidencial.
Este episodio ocurre en medio de un clima de tensión política y de reiteradas denuncias realizadas por Abelardo de la Espriella sobre posibles amenazas en su contra durante la campaña electoral de 2026. Semanas atrás, el abogado y dirigente político aseguró haber recibido información relacionada con un presunto plan de atentado bajo la modalidad de francotirador.
Hasta el momento, las autoridades no han confirmado oficialmente la existencia de un atentado estructurado, pero sí avanzan en la recopilación de pruebas y en el análisis del material incautado al sospechoso para determinar el alcance de sus acciones y posibles vínculos con organizaciones criminales o actores interesados en afectar la campaña presidencial.
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El caso volvió a poner sobre la mesa el debate sobre las garantías de seguridad para los candidatos presidenciales en Colombia, especialmente en medio de un ambiente político marcado por amenazas, polarización y crecientes tensiones electorales.
