El Gobierno nacional anunció una reforma a las reglas que orientan la actuación de las autoridades durante las protestas sociales en Colombia. La iniciativa busca precisar qué comportamientos se consideran violentos, establecer cuándo puede darse por terminado el diálogo y definir los niveles de respuesta de la fuerza pública.
El ministro del Interior, Rodrigo Lara Restrepo, informó que el presidente Abelardo de la Espriella tenía previsto firmar el nuevo decreto el viernes 9 de octubre de 2026. La propuesta modifica disposiciones del Decreto 003 de 2021, que establece lineamientos para la intervención de las autoridades durante las movilizaciones ciudadanas.
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¿Qué cambiaría con el nuevo decreto de protesta social?
Uno de los principales ajustes consiste en establecer criterios más precisos para diferenciar las manifestaciones pacíficas de las actuaciones que impliquen violencia o afectaciones graves a los derechos de otras personas.
Según la explicación del Ministerio del Interior, entre las conductas que podrían considerarse violentas están las agresiones físicas, el lanzamiento de objetos capaces de causar lesiones graves, la retención de personas contra su voluntad y el uso de armas.
El Gobierno sostiene que la intención es proteger a quienes ejercen su derecho a la protesta pacífica y, al mismo tiempo, establecer parámetros para responder ante hechos que pongan en peligro la vida, la integridad de las personas o los bienes.
El diálogo seguirá siendo prioritario, pero tendrá condiciones
Otro punto central de la reforma es la definición de circunstancias en las que las autoridades podrían considerar agotada la etapa de diálogo.
El ministro Rodrigo Lara explicó que el proyecto contempla ocho causales para establecer cuándo esa vía deja de ser suficiente. Entre las situaciones mencionadas están los bloqueos que afecten misiones médicas, la interrupción de servicios públicos, el riesgo de desabastecimiento de alimentos o medicamentos y las agresiones contra personal sanitario o periodistas.
La propuesta también plantea una respuesta gradual, que comienza con la intervención de gestores de convivencia y mecanismos de diálogo. Si la situación lo exige, las autoridades podrían avanzar hacia medidas de disuasión y, como último recurso, recurrir a la fuerza pública, de acuerdo con las condiciones establecidas en la norma.
Corredores solidarios para evitar bloqueos prolongados
Entre las novedades anunciadas por el Gobierno está la creación de corredores solidarios para mantener el paso en vías y sectores estratégicos durante las manifestaciones.
La medida pretende evitar bloqueos permanentes de carreteras y carriles destinados al transporte público, como los de TransMilenio en Bogotá. El Ejecutivo argumenta que estas disposiciones buscan reducir las afectaciones a terceros sin eliminar el derecho de los ciudadanos a movilizarse y expresar sus inconformidades.
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Una reforma que genera debate sobre el derecho a protestar
El proyecto ha despertado cuestionamientos por sus posibles efectos sobre el ejercicio de la protesta social y el alcance de las facultades de la fuerza pública.
Mientras el Gobierno afirma que necesita reglas más claras para actuar frente a hechos violentos, sectores críticos advierten sobre los riesgos de ampliar la capacidad de intervención de las autoridades y de debilitar las garantías de quienes participan en manifestaciones pacíficas.
El Decreto 003 de 2021 surgió tras una decisión judicial que ordenó establecer directrices para la actuación policial durante las movilizaciones. Por eso, el alcance de la reforma y su aplicación deberán evaluarse a la luz de las normas vigentes y de las garantías constitucionales del derecho a la reunión y a la protesta.
