Organizaciones del sector salud, asociaciones de pacientes, gremios empresariales y exministros de Colombia encendieron las alarmas este jueves ante el posible efecto que tendría una liquidación masiva de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) impulsada por el Gobierno del presidente Gustavo Petro. Según los firmantes, una medida de esa magnitud sin un plan de transición operativo pondría en riesgo la atención médica de millones de colombianos.
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El detonante de la controversia fue un reciente concepto del Consejo de Estado, que habilitaría el uso de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) –el principal recurso para financiar servicios de salud– para cubrir deudas históricas de estas entidades aseguradoras. El presidente Petro ha sugerido que, ante el desorden financiero, la salida más viable sería la liquidación de las EPS que actualmente están bajo intervención estatal.
Riesgo de interrupción de servicios y tratamientos
En un comunicado conjunto, líderes del sector argumentan que una eliminación precipitada de las EPS –sin una estructura sustitutiva debidamente probada– dejaría un vacío operativo que el Estado no está preparado para asumir de inmediato, lo que podría traducirse en interrupciones en tratamientos médicos, especialmente para pacientes con enfermedades crónicas, huérfanas o de alto costo.
El documento subraya además que las EPS no solo gestionan el riesgo en salud, sino que son el puente que articula la red de prestadores y garantiza el pago a miles de clínicas y hospitales del país. Una falla en ese engranaje, advierten, podría generar retrasos en la atención y comprometer el derecho fundamental a la salud de millones de afiliados.
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Deuda pública y tensiones financieras
La preocupación también se extiende al impacto que tendría el uso de recursos de la UPC para saldar pasivos históricos. El Gobierno colombiano ha acumulado más de 2 billones de pesos en deudas con las EPS, producto de atrasos en giros y decisiones judiciales que ordenan pagos obligatorios. Analistas del sector señalan que desviar estos fondos podría debilitar aún más la operatividad del sistema de salud en el corto plazo.
Entre las EPS bajo supervisión estatal se encuentran algunas de las más grandes del país, como Nueva EPS, Famisanar, Savia Salud y Coosalud, entidades que concentran millones de afiliados y representan un componente clave en la prestación de servicios de salud.
Debate político y llamado a la responsabilidad
Mientras el Gobierno argumenta que la situación financiera actual de las EPS es insostenible, los críticos aseguran que liquidar sin una estrategia clara de reemplazo profundizaría la crisis del sistema de salud colombiano. Los firmantes del pronunciamiento hacen un llamado a separar la discusión técnica de intereses políticos y a priorizar la protección de los pacientes frente a decisiones que consideran improvisadas.
Analistas advierten que este debate no solo pone a prueba la sostenibilidad del esquema actual, sino que también podría redefinir el futuro del sistema de salud en Colombia, con efectos directos sobre la cobertura, la continuidad de tratamientos y la estabilidad financiera de los prestadores de servicios médicos.
