La expansión de las minas antipersonal en zonas afectadas por el conflicto armado volvió a encender las alarmas en Colombia. La Procuraduría General de la Nación lanzó un llamado urgente al Gobierno Nacional y a las autoridades competentes ante el aumento de víctimas en regiones como el Catatumbo y el Bajo Cauca antioqueño, donde las comunidades viven bajo constante amenaza.
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El Ministerio Público advirtió que los grupos armados ilegales continúan utilizando estos artefactos explosivos como mecanismo de control territorial, poniendo en riesgo a campesinos, menores de edad, líderes sociales y miembros de la fuerza pública. Además, señaló que esta práctica representa una grave violación a los derechos humanos y dificulta los esfuerzos de estabilización y construcción de paz en varias regiones del país.
Las zonas más críticas se concentran en corredores estratégicos para el narcotráfico y las economías ilícitas, donde persisten disputas entre organizaciones criminales y estructuras armadas ilegales. En el caso del Catatumbo, históricamente afectado por la presencia de actores armados, las comunidades denuncian temor permanente para movilizarse por caminos rurales y áreas agrícolas.
La preocupación aumentó tras recientes hechos violentos registrados en distintas regiones del país, incluyendo explosiones y ataques con artefactos improvisados que han dejado muertos y heridos entre la población civil. Autoridades y organismos defensores de derechos humanos consideran que el recrudecimiento de la violencia evidencia el fortalecimiento de grupos ilegales en territorios estratégicos.
Frente a este panorama, la Procuraduría pidió reforzar la presencia institucional, acelerar los programas de desminado humanitario y garantizar atención médica y psicológica para las víctimas. También insistió en la necesidad de implementar medidas urgentes de prevención para evitar que más comunidades queden atrapadas en medio de la guerra.
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El incremento de estos hechos violentos mantiene la preocupación entre organizaciones sociales y líderes regionales, quienes advierten que el uso de minas antipersonal sigue siendo una de las mayores amenazas para la seguridad y la movilidad de miles de familias en zonas rurales de Colombia.
