Una investigación de la Fiscalía General de la Nación reveló nuevos detalles sobre el presunto entramado de lavado de activos que llevó a la captura del empresario nortesantandereano Arvey Duque Villamizar en Cúcuta. Según el ente investigador, una estructura habría utilizado operaciones de exportación ficticias para justificar el ingreso a Colombia de más de 425.000 millones de pesos de posible origen ilícito.
Los hechos investigados habrían ocurrido entre 2020 y 2023 e involucrarían a representantes de empresas comercializadoras internacionales, una agencia de aduanas y funcionarios de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) en Ipiales, Nariño.
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Aceite de palma y soya que supuestamente nunca cruzaron la frontera
De acuerdo con las investigaciones, el mecanismo habría consistido en registrar cargamentos de aceite de palma, soya y sus derivados como exportaciones con destino a Ecuador, utilizando el puente internacional de Rumichaca como punto de salida.
Sin embargo, las autoridades sostienen que los productos relacionados en los documentos comerciales presuntamente nunca abandonaron el territorio colombiano.
Pese a ello, las operaciones habrían quedado certificadas como exportaciones legales. Estos registros presuntamente permitieron justificar el ingreso de recursos provenientes de Estados Unidos, España, Panamá y Perú, presentándolos como pagos por ventas internacionales.
La Fiscalía señaló que en el esquema estarían involucradas cinco comercializadoras internacionales, una agencia de aduanas y funcionarios de la DIAN en Ipiales, quienes habrían intervenido en la certificación de la supuesta salida de las mercancías.
¿Qué papel habría tenido Arvey Duque?
Según la información entregada por la Fiscalía y divulgada por La Opinión, Arvey Duque Villamizar habría actuado como representante legal de una de las comercializadoras internacionales que figuraban en las operaciones investigadas.
El empresario fue capturado en Cúcuta el pasado 10 de noviembre, durante un procedimiento adelantado por las autoridades. Su detención hace parte de una investigación que también condujo a otros procedimientos en Ipiales.
En total, siete personas fueron capturadas: tres representantes legales de comercializadoras internacionales y cuatro funcionarios de la DIAN. Entre los detenidos también figuran Alexis Valencia Valencia y Jeisson Urley Ovalles Mendoza, además de los funcionarios Fabián Lizandro Erazo Herrera, Jhon Jairo Estupiñán Meneses, Ray Alexander Arteaga Revelo y Jorge Arellano Paguay.
Fiscalía imputó tres delitos a los investigados
Después de las capturas, los procesados fueron presentados ante un juez de control de garantías, quien legalizó los procedimientos. La Fiscalía les formuló imputación, de acuerdo con la presunta responsabilidad individual de cada uno, por los delitos de:
- Lavado de activos agravado.
- Concierto para delinquir agravado.
- Falsedad ideológica en documento público.
La Fiscalía también remitió información a la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio para que evalúe posibles actuaciones sobre bienes y activos que podrían estar relacionados con las actividades investigadas.
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Investigación tiene origen en operaciones registradas en Nariño
Las indagaciones se habrían originado en actividades comerciales registradas en la zona fronteriza de Ipiales, desde donde se habría estructurado el supuesto mecanismo para dar apariencia de legalidad a recursos de procedencia ilícita.
El caso tiene repercusiones en Norte de Santander debido a la captura de Duque en Cúcuta y a su trayectoria empresarial en la región, donde ha estado relacionado con iniciativas como Empaquetadora del Norte, el proyecto agroindustrial Refinorte y la Corporación de Empresarios e Industriales de Norte de Santander (Corpoindustrial).
Las autoridades continúan con las actuaciones judiciales para establecer el alcance de la presunta estructura y determinar la responsabilidad individual de los investigados.
Por ahora, los señalamientos hacen parte de una investigación penal y no constituyen una declaración de culpabilidad. Los procesados conservan la presunción de inocencia mientras la justicia adopta una decisión definitiva.



