La decisión del Gobierno nacional de suspender temporalmente las operaciones ofensivas de la Fuerza Pública contra una facción de las disidencias de las Farc en Putumayo desató una nueva tormenta política en el país. Uno de los pronunciamientos más contundentes fue el del presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán), José Félix Lafaurie, quien cuestionó duramente la medida y planteó una hipótesis que generó debate en distintos sectores.
La controversia surgió luego de que el Ejecutivo ordenara la suspensión de operaciones militares y policiales ofensivas contra la estructura armada que participa en los diálogos de paz con el Gobierno. La medida estará vigente hasta pocos días antes de las elecciones presidenciales y, según el Gobierno, busca preservar las condiciones para avanzar en los acercamientos con ese grupo armado.
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Lafaurie, quien además participó como negociador en procesos de paz impulsados por la administración de Gustavo Petro, expresó su desacuerdo con la determinación y aseguró que resulta preocupante que se reduzca la presión militar sobre organizaciones ilegales que continúan teniendo presencia en varias regiones del país.
El dirigente gremial fue más allá y sugirió que la decisión podría responder a intereses relacionados con el escenario electoral, una afirmación que rápidamente provocó reacciones en el ámbito político y en redes sociales. Aunque no presentó pruebas que respaldaran dicha hipótesis, insistió en que el país necesita claridad sobre los alcances y objetivos de esta medida.
Desde el Gobierno se ha defendido la suspensión argumentando que no implica el cese total de la acción estatal contra los grupos armados ilegales. El presidente Gustavo Petro ha señalado que las operaciones continúan contra otras estructuras que no hacen parte de los procesos de negociación y que representan una amenaza para la seguridad nacional.
El debate se suma a las crecientes discusiones sobre la política de “Paz Total”, estrategia que ha enfrentado críticas de sectores políticos, gremiales y de seguridad, mientras el Ejecutivo sostiene que el diálogo sigue siendo una herramienta fundamental para reducir la violencia en las regiones más golpeadas por el conflicto armado.
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La polémica continúa creciendo a pocos días de una nueva jornada electoral, en medio de un ambiente político marcado por la polarización y las discusiones sobre el rumbo de la seguridad en Colombia.
