Un fuerte remezón político y judicial se vive en Norte de Santander tras la decisión de la Corte Suprema de Justicia de Colombia de condenar en primera instancia al representante a la Cámara Wilmer Ramiro Carrillo Mendoza, al encontrarlo responsable de irregularidades en un proceso de contratación pública.
El fallo está relacionado con hechos ocurridos en 2011, cuando el hoy congresista se desempeñaba como secretario de Infraestructura departamental. La investigación se centró en un convenio por más de 1.400 millones de pesos destinado a obras en el puente de Puerto León, una estructura clave sobre el río Zulia que conecta corredores estratégicos de la región.
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Según determinó la Sala Especial de Primera Instancia, el proceso contractual presentó inconsistencias relevantes. Entre ellas, que los estudios técnicos fueron realizados por la misma empresa que posteriormente resultó favorecida con la adjudicación del contrato, lo que vulnera los principios de transparencia. Además, se evidenció que la modalidad de contratación empleada no se ajustaba a lo establecido en la Ley 80 de 1993.
Como consecuencia, el alto tribunal impuso una pena de más de ocho años de prisión, acompañada de una sanción económica significativa y la inhabilidad para ejercer cargos públicos durante un periodo similar. Asimismo, negó beneficios como la detención domiciliaria, lo que agrava el panorama jurídico del dirigente político.
El fallo genera repercusiones directas en el escenario político regional y nacional, ya que Wilmer Ramiro Carrillo Mendoza ocupa actualmente una curul en la Cámara de Representantes. No obstante, al tratarse de una decisión en primera instancia, la defensa aún podrá interponer los recursos legales correspondientes.
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Este caso vuelve a poner en el centro del debate la vigilancia sobre la contratación pública y el uso de los recursos estatales, especialmente en proyectos de infraestructura que impactan directamente a las comunidades.
