Las autoridades asestaron un nuevo golpe contra las estructuras dedicadas al tráfico de drogas en Cúcuta. En una operación coordinada entre la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación fueron capturados siete presuntos integrantes del Grupo Delincuencial Común Organizado (GDCO) conocido como “AK-47”, señalado de distribuir sustancias estupefacientes en diferentes sectores de la comuna 1 de la ciudad.
El operativo fue liderado por unidades de la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN) en articulación con el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), quienes ejecutaron de manera simultánea varias diligencias judiciales en los barrios Latino y El Callejón.
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Durante las acciones fueron materializadas siete órdenes de captura emitidas por la Fiscalía 19 Seccional de la Estructura de Apoyo de Cúcuta por los delitos de concierto para delinquir y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.
Entre los capturados se encuentran cuatro ciudadanos colombianos y tres venezolanos, quienes, según las investigaciones adelantadas por las autoridades, harían parte de una red dedicada a la comercialización de drogas en distintos puntos de la capital nortesantandereana.
De acuerdo con los elementos recopilados durante la investigación, esta estructura criminal presuntamente operaba bajo las directrices de individuos conocidos con los alias de “Guaro” y “Antoni”, considerados piezas clave dentro de la organización.
Las autoridades también establecieron que algunos de los detenidos registran antecedentes judiciales relacionados con delitos como tráfico de estupefacientes, porte ilegal de armas de fuego, concierto para delinquir agravado con fines de narcotráfico y otras conductas asociadas al crimen organizado.
El comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta, coronel Libardo Fabio Ojeda Eraso, destacó que este resultado representa una afectación significativa para las finanzas y capacidades operativas de la estructura delincuencial.
“Seguiremos adelantando acciones investigativas y operativas para identificar y llevar ante la justicia a quienes pretendan afectar la seguridad y la convivencia ciudadana”, señaló el oficial.
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Tras las audiencias preliminares de legalización de captura, imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento, un juez de control de garantías ordenó el traslado de los procesados a un centro penitenciario mientras avanza el proceso judicial.
La Policía Nacional reiteró el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier actividad sospechosa o hecho delictivo a través de la línea de emergencia 123 o mediante los canales institucionales dispuestos para tal fin.
