Una fuerte polémica se desató en Colombia luego de que en el Congreso de la República se frenara el avance de una iniciativa que buscaba otorgar alivios a ciudadanos reportados en centrales de riesgo como Datacrédito y TransUnion.
La decisión legislativa dejó sin efecto una propuesta que pretendía beneficiar a millones de personas con dificultades financieras, especialmente aquellas que esperaban una nueva oportunidad para limpiar o reducir el impacto de sus reportes negativos en el sistema crediticio.
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El hundimiento del proyecto generó críticas desde distintos sectores, debido a que muchos ciudadanos consideran que la medida terminaba favoreciendo a las entidades bancarias y financieras, mientras miles de colombianos continúan enfrentando obstáculos para acceder a créditos, vivienda, empleo e incluso servicios financieros básicos.
De acuerdo con expertos consultados en el debate público, mantener reportes negativos durante largos periodos limita la reactivación económica de familias que ya han pagado sus obligaciones o intentan recuperar estabilidad financiera tras atravesar dificultades económicas. Además, advierten que el acceso restringido al crédito formal puede empujar a muchas personas hacia sistemas de financiación informal.

La discusión tomó fuerza en redes sociales, donde ciudadanos expresaron inconformidad por la decisión del Legislativo y cuestionaron el respaldo que históricamente han tenido las entidades financieras dentro de este tipo de debates económicos.
En Colombia, las centrales de riesgo cumplen la función de recopilar información sobre el comportamiento crediticio de los usuarios, un historial que es consultado por bancos y otras entidades al momento de aprobar préstamos o productos financieros. Sin embargo, organizaciones de consumidores han insistido en la necesidad de modernizar las normas para permitir mayores oportunidades de recuperación económica a quienes ya saldaron sus deudas.
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La controversia revive el debate sobre el alcance de iniciativas similares a “Borrón y Cuenta Nueva”, propuestas que en años anteriores buscaron reducir el tiempo de permanencia de reportes negativos y facilitar la reintegración financiera de millones de colombianos.



