Un nuevo episodio de tensión sacude la campaña electoral en Colombia. La candidata presidencial Paloma Valencia alertó públicamente sobre un presunto plan para asesinarla, por el cual —según su denuncia— se habría ofrecido una suma cercana a los 2.000 millones de pesos.
La aspirante del Centro Democrático aseguró que la información le fue suministrada por fuentes oficiales, señalando que detrás de la amenaza estarían estructuras criminales vinculadas a disidencias de las Farc.
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De acuerdo con lo revelado, el supuesto plan criminal habría sido organizado por un grupo armado ilegal, que incluso habría asignado un alto valor económico como recompensa para ejecutar el atentado.
La situación ha generado reacciones inmediatas en el escenario político. Desde su colectividad expresaron respaldo a la candidata y rechazaron cualquier tipo de intimidación en medio del proceso electoral, advirtiendo sobre los riesgos de violencia política en el país.
En medio de este panorama, la propia Valencia manifestó que continuará con su agenda política, insistiendo en la necesidad de fortalecer la seguridad en Colombia, uno de los ejes principales de su campaña.
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Este caso se suma a un contexto de creciente preocupación por la seguridad de los líderes políticos en época electoral, donde las amenazas y los riesgos han encendido las alertas de las autoridades.
Las investigaciones avanzan para verificar la veracidad de la información y establecer responsabilidades, mientras se evalúan medidas de protección para garantizar la integridad de la candidata.
