Un nuevo episodio de violencia sacudió el oriente colombiano este jueves 5 de febrero, cuando dos integrantes del esquema de seguridad del senador Jairo Castellanos fueron asesinados en un ataque armado mientras su caravana transitaba por la carretera que comunica los municipios de Fortul y Tame, en Arauca.
El congresista, quien no se encontraba en el vehículo que fue emboscado —pues estaba ileso y en Yopal (Casanare) al momento de los hechos— confirmó que los escoltas fallecieron en el lugar tras ser atacados a tiros por sujetos que aguardaban en la vía rural.
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Según reportes oficiales, la agresión también dejó varios miembros de su equipo temporalmente retenidos o desaparecidos, aunque más tarde fueron liberados por las autoridades y trasladados para atención médica.
En un mensaje difundido a través de sus redes sociales, Castellanos describió la tragedia con profunda tristeza, asegurando que los escoltas asesinados eran personas de confianza que lo habían acompañado por años y que su pérdida representa un golpe personal y profesional.
El incidente, que ocurre en medio de la campaña electoral y mientras el político recorre distintas regiones del país, ha generado rechazo en el ámbito político y entre las autoridades, que demandan esclarecimiento de los hechos y garantías de seguridad para quienes ejercen funciones públicas.
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Por su parte, el Ministerio de Defensa anunció una recompensa de hasta 200 millones de pesos por información que permita ubicar a los responsables del ataque, mientras se refuerzan los operativos en la zona para dar con los autores materiales e intelectuales del atentado.
Este suceso vuelve a poner en la agenda nacional las preocupaciones sobre la seguridad de líderes políticos, candidatos y servidores públicos, especialmente en territorios con presencia de grupos armados ilegales y altos niveles de violencia, un desafío de larga data para el Estado colombiano.
