El Gobierno nacional anunció este lunes la decisión de retirar del Congreso el controvertido Proyecto de Ley 347 de 2026, una iniciativa que había generado amplia discusión por su posible impacto sobre las aplicaciones de movilidad como Uber, DiDi y Yango, así como sobre los usuarios que utilizan estos servicios en todo el país.
La determinación fue comunicada por Luis Gabriel Serna, jefe jurídico de la Superintendencia de Transporte, quien explicó que el retiro se da con el fin de realizar ajustes al articulado y aclarar varios puntos interpretativos del texto legal, tras las fuertes críticas recibidas por parte de gremios del sector, usuarios de las plataformas y actores vinculados al transporte digital.
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Controversia por sanciones y restricciones
El proyecto original buscaba fortalecer los mecanismos de supervisión, inspección y control en el sector transporte, con especial énfasis en combatir lo que se considera transporte informal o irregular. Sin embargo, varios sectores advirtieron que ciertas disposiciones podrían haber tenido efectos negativos en la operación de plataformas digitales de movilidad, al incluir sanciones económicas, inmovilización de vehículos e incluso restricciones que habrían llegado a afectar la prestación del servicio a través de apps.
Organizaciones como Alianza In Colombia, que agrupan a empresas tecnológicas y plataformas de transporte, habían señalado que el proyecto en su anterior formulación podría poner en riesgo la continuidad del servicio para millones de usuarios y conductores que dependen de estas herramientas digitales para su actividad económica diaria.
Ajustes y diálogo con gremios
De acuerdo con Serna, el Gobierno tomó la decisión de retirar temporalmente la iniciativa para garantizar claridad y coherencia en sus objetivos normativos, así como para que refleje los acuerdos alcanzados en las mesas de negociación con los distintos gremios del sector transporte.
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El funcionario señaló que la finalidad es alcanzar un equilibrio entre la regulación del transporte informal y la protección de la movilidad digital, evitando interpretaciones erróneas que hubieran podido vulnerar derechos de los conductores o restringir el acceso de los usuarios a servicios tecnológicos de transporte.
Hasta el momento no se ha anunciado una nueva fecha para la presentación del proyecto de ley con los ajustes sugeridos, pero las autoridades indicaron que mantendrán el diálogo con los diferentes actores implicados para construir una propuesta más consensuada y eficaz.
