La crisis de acceso a medicamentos en Colombia volvió a estar en el centro de la discusión pública tras la denuncia de un hombre que asegura llevar más de tres meses sin recibir el tratamiento que requiere tras un trasplante de riñón, un caso que pone en evidencia las fallas en la entrega de fármacos vitales por parte de algunas EPS del país.
Paciente trasplantado expone graves fallas en la entrega de medicamento
Rodolfo Valderrama, residente de Tunja, Boyacá, denunció públicamente que aunque ha sido sometido a un trasplante renal, lleva tres meses sin recibir la medicación necesaria para mantener el órgano, situación que podría poner en riesgo su salud y la funcionalidad de su trasplante.
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El hombre presentó su caso durante una manifestación en la Plaza de Bolívar de Tunja, donde aseguró que la falta de respuesta por parte de su EPS —identificada como Famisanar, actualmente intervenida por el Estado— lo ha obligado incluso a reducir las dosis prescritas para alargar el tiempo del medicamento disponible en casa.
Valderrama señaló que su situación forma parte de un panorama más amplio de dificultades que enfrentan muchos pacientes crónicos o con condiciones médicas complejas para asegurar el suministro oportuno de sus tratamientos.
Problemática persistente en el sistema de salud
Este caso se suma a otras que han despertado alarma pública y reiteran fallas en la entrega de medicamentos esenciales para enfermedades crónicas, trasplantes y condiciones graves de salud, lo que ha generado cuestionamientos sobre la eficiencia del sistema de salud colombiano. Organizaciones médicas y pacientes han denunciado demoras prolongadas en autorizaciones y entrega de fármacos, incluso en casos de alto riesgo.
Recientes reportes han documentado situaciones similares en otros grupos de pacientes, como niños con hemofilia que han visto interrumpidos tratamientos esenciales, lo que ha contribuido al debate nacional sobre el acceso equitativo y continuo a medicamentos.
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Repercusiones y demandas por respuestas
La falta de suministro de medicinas vitales ha provocado protestas, acciones legales y llamados de atención por parte de pacientes, familiares y médicos, quienes aseguran que la escasez y retrasos en tratamientos no solo afectan la salud y bienestar de los pacientes, sino que pueden derivar en consecuencias graves de salud o incluso riesgos de vida si no se garantiza la continuidad terapéutica.
Mientras tanto, las autoridades de salud y las EPS involucradas enfrentan presión pública y jurídica para mejorar los mecanismos de distribución de fármacos, garantizar la atención oportuna y resolver las brechas que afectan el derecho fundamental a la salud de los ciudadanos colombianos.
