La trágica muerte de Kevin Arley Acosta Pico, un niño de 7 años con hemofilia A severa, ha generado una fuerte polémica en el país y ha puesto nuevamente en el centro del debate público la situación del acceso a medicamentos críticos dentro del sistema de salud colombiano.
Kevin falleció el 13 de febrero de 2026 en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital La Misericordia en Bogotá, tras complicaciones derivadas de una hemorragia que se desencadenó después de una caída mientras montaba bicicleta. La familia del menor denuncia que el niño no recibió oportunamente el medicamento esencial que necesitaba para controlar su condición, un fármaco que debía administrarse de manera regular y que, según allegados, no fue suministrado por su EPS por cerca de dos meses antes del fatal desenlace.
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Versiones contrapuestas y respuesta del sistema de salud
La Nueva EPS, entidad prestadora de salud a la que estaba afiliado Kevin, emitió un informe técnico sosteniendo que la última dosis del medicamento fue aplicada en diciembre de 2025 y que el siguiente ciclo estaba programado para enero de 2026 conforme al esquema terapéutico correspondiente. La EPS también explicó que se gestionó la atención médica del menor al solicitar una portabilidad de la atención al municipio de Charalá (Santander), donde la familia residía temporalmente, y posteriormente se gestionó su traslado para atención especializada en Bogotá.
Sin embargo, la versión de la madre del menor contrasta con la de la EPS. La progenitora ha denunciado que la falta de suministro del medicamento fue una falla del sistema y no una causal asociada al accidente en sí, como han sugerido algunos voceros del Gobierno. La madre también ha rechazado declaraciones oficiales que atribuyen responsabilidad familiar, asegurando que la ausencia del tratamiento fue el factor determinante en la muerte de su hijo.
Reacciones y exigencias de explicación
El caso ha generado reacciones en diferentes sectores. La comunidad médica y organizaciones de pacientes con hemofilia han señalado que el acceso oportuno a medicamentos profilácticos como el emicizumab es fundamental para prevenir hemorragias graves y permitir a los pacientes llevar una vida saludable. Incluso se ha advertido que podrían existir otros casos similares en el país, lo que ha encendido alarmas sobre la cobertura de tratamientos para enfermedades raras.
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Por su parte, autoridades como la Gobernación de Santander han exigido una intervención más clara de la Superintendencia Nacional de Salud para garantizar la entrega oportuna de medicamentos por parte de las EPS, mientras la sociedad civil y algunos sectores políticos piden mayor transparencia y responsabilidades por lo ocurrido.
Un debate abierto sobre salud y responsabilidades
La muerte de Kevin Acosta ha trascendido como un caso símbolo de las dificultades que enfrentan familias con pacientes que requieren tratamientos continuos y costosos. Más allá de la dolorosa pérdida, la tragedia trae a la luz profundas discusiones sobre la eficiencia del sistema de salud, la gestión de la atención en enfermedades raras y la responsabilidad institucional en la protección de los derechos fundamentales de los pacientes.
