La representante a la Cámara Katherine Miranda anunció este martes que presentará una demanda formal para impugnar la inscripción de Iván Cepeda como precandidato presidencial en la consulta interna de la coalición política denominada Frente por la Vida, programada para el 8 de marzo de 2026.
Miranda, integrante del partido Alianza Verde, argumentó que la postulación de Cepeda va en contra de la normativa electoral vigente y advirtió que no dudará en acudir a instancias judiciales para salvaguardar el cumplimiento de la ley. “La ley no se tuerce, no se acomoda y no se negocia para favorecer a nadie”, afirmó, enfatizando que una democracia sólida exige el respeto estricto de las reglas establecidas.
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La controversia se desató después de que Cepeda, senador y precandidato con amplio respaldo en las encuestas, oficializara su inscripción para participar en la consulta del Frente por la Vida, en la que competirá por la opción de representar a sectores de izquierda frente a figuras como Roy Barreras y Camilo Romero.
El núcleo del reclamo legal radica en el hecho de que Cepeda ya participó en una consulta previa en octubre de 2025, un proceso que algunos sectores sostienen fue de carácter interpartidista, lo que, según ciertos expertos en derecho electoral, podría inhabilitarlo para competir nuevamente en otra consulta similar en el mismo ciclo electoral.
Miranda y otros críticos han señalado que permitir la inscripción de un candidato en estas condiciones podría sentar un precedente controversial y generar tensiones dentro del marco legal que rige las consultas internas y las alianzas políticas en Colombia.
Por su parte, los seguidores de Cepeda sostienen que la consulta de octubre fue de naturaleza interna al movimiento político y que, por tanto, no existiría impedimento jurídico para su participación en la jornada de marzo. Esta interpretación ha sido objeto de debate entre juristas y figuras del ámbito electoral.
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La decisión final sobre la participación de Cepeda quedará en manos del Consejo Nacional Electoral (CNE), que deberá revisar las demandas presentadas y considerar los argumentos jurídicos antes de emitir un concepto definitivo.
El impacto de esta disputa legal podría repercutir tanto en la configuración de la consulta del Frente por la Vida como en el ambiente político de cara a las elecciones presidenciales de mayo de 2026, marcadas por un calendario electoral muy competitivo y una ciudadanía expectante ante las pugnas internas de los diferentes movimientos políticos.
