Tras la decisión de la Corte Constitucional de suspender provisionalmente el decreto que declaraba la emergencia económica, el Gobierno del presidente Gustavo Petro se prepara para presentar una nueva reforma tributaria ordinaria que permita financiar las cuentas públicas sin depender de normas excepcionales.
La suspensión del decreto, que inicialmente facultaba al Ejecutivo a adoptar medidas fiscales sin necesidad de trámite legislativo, obligó al equipo económico a replantear la estrategia para garantizar el financiamiento del Presupuesto General de la Nación 2026. Sin ese instrumento, se abre un hueco cercano a $16 billones en ingresos, lo que pone presión sobre el gasto público y la ejecución de programas sociales clave.
¿Por qué una nueva reforma tributaria?
Según fuentes oficiales, el Ministerio de Hacienda ya considera indispensable llevar al Congreso una ley de financiamiento o reforma fiscal ordinaria que sustituya las medidas que quedaron en pausa tras la decisión judicial. La idea es que esta propuesta legislativa cuente con mecanismos de recaudo que permitan equilibrar las finanzas sin recurrir a recortes drásticos en el gasto público.
En el pasado reciente, el Ejecutivo intentó promover una reforma para recaudar cerca de $26,3 billones, dirigida a fortalecer los ingresos estatales para el año fiscal 2026, aunque la iniciativa enfrentó fuertes resistencias políticas y no logró consolidarse en el Congreso.
La suspensión del decreto de emergencia por parte de la Corte constituye un punto de inflexión fiscal, ya que obliga al Gobierno a buscar alternativas legislativas para asegurar los recursos necesarios, entre ellas una nueva reforma que, aunque políticamente más compleja, sería la vía regular para implementar cambios tributarios estructurales.
Desafíos y opciones en debate
La decisión judicial no solo frenó el uso del decreto como mecanismo de recaudo, sino que también reavivó el debate sobre las prioridades fiscales del país. En ese contexto, el Gobierno ha dejado abierta la posibilidad de combinar el fortalecimiento de la reforma con otras fuentes de financiamiento, como la emisión de deuda pública, aunque esta alternativa también genera debate entre economistas y sectores políticos por sus implicaciones a mediano y largo plazo.
Mientras tanto, diversos sectores políticos y sociales anticipan un nuevo pulso en el Congreso, donde se discutirán propuestas de ingresos y ajustes tributarios que podrían incluir cambios en impuestos existentes o la creación de nuevos gravámenes a ciertos sectores económicos.
Qué está en juego
Con el nuevo escenario fiscal, el Gobierno busca evitar una reducción abrupta del gasto social, mantener la prestación de servicios públicos esenciales y asegurar la estabilidad económica, sin dejar de lado el reto de construir consensos políticos para aprobar una legislación que respalde sus metas presupuestales.
