Las autoridades colombianas anunciaron una recompensa de hasta 200 millones de pesos por información que conduzca a la identificación y captura de quienes perpetraron el violento atentado contra el esquema de seguridad del senador Jairo Castellanos en el departamento de Arauca. El hecho, que ha vuelto a poner en alerta la seguridad en zonas rurales del país, dejó un saldo de dos escoltas muertos y varios miembros del equipo inicialmente retenidos por los agresores.
El ataque se registró el 5 de febrero en la vía que conecta Fortul con Tame, una zona históricamente marcada por la presencia de grupos armados ilegales. Las víctimas mortales, que formaban parte del esquema de protección del congresista, fueron asesinadas cuando el vehículo en el que se desplazaban fue emboscado por desconocidos. El senador no se encontraba dentro de la camioneta al momento del ataque y resultó ileso.
Ante estos hechos, el Ministerio de Defensa activó un dispositivo interinstitucional integrado por la Policía Nacional, las Fuerzas Militares y la Fiscalía General de la Nación para avanzar en las investigaciones, recopilar inteligencia y dar con los responsables del ataque. La recompensa anunciada busca incentivar la colaboración de la ciudadanía para aportar información relevante que permita esclarecer el caso.
El impacto del atentado ha trascendido el ámbito judicial y político. Diversos líderes nacionales han condenado el acto de violencia y expresado solidaridad con las familias de los escoltas fallecidos, mientras que expertos en seguridad han reiterado la necesidad de reforzar la presencia estatal en regiones vulnerables.
Fuentes oficiales también han señalado que el contexto rural de Arauca y sus dinámicas de confrontación armada hacen del territorio un foco de riesgo para cualquier desplazamiento, especialmente en épocas de movilización política, como la actual fase preelectoral.
Este suceso no solo reaviva el debate sobre la protección de líderes políticos y servidores públicos en Colombia, sino que muestra la urgencia de estrategias efectivas para garantizar la seguridad y la convivencia democrática en zonas con persistente violencia. Las autoridades han reiterado su compromiso de capturar a los autores y asegurar que hechos de esta naturaleza no queden impunes.
