Las principales estaciones de servicio de Colombia han planteado exigencias al Gobierno del presidente Gustavo Petro como condición para implementar una reducción en el precio del galón de gasolina, buscando proteger la viabilidad económica de las empresas y evitar cierres masivos en el sector.
La disposición, oficializada mediante una circular del Ministerio de Minas y Energía, ordena una rebaja obligatoria cercana a los $500 pesos por galón de gasolina corriente a partir del 1 de febrero de 2026, una medida que se aplicará en todas las estaciones, desde grandes cadenas hasta pequeñas y medianas empresas distribuidoras en todo el país.
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Frente a esta directriz, el gremio nacional “Somos Uno”, que agrupa a cerca de 6.400 estaciones de servicio, advirtió que la aplicación inmediata de la reducción sin considerar las condiciones operativas del sector podría generar pérdidas significativas. El principal argumento se centra en el modelo de “compra en firme”, que obliga a las estaciones a vender el inventario adquirido a precios anteriores más altos, lo que podría implicar vender a pérdida si la disminución se traslada de manera inmediata al consumidor.
Para evitar un impacto económico adverso, “Somos Uno” ha presentado una serie de solicitudes al Gobierno que incluyen, entre otras:
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Reconocer formalmente la modalidad de compra en firme en las plantas mayoristas.
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Respetar los tiempos reales de rotación de inventario antes de aplicar la nueva tarifa.
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Garantizar que ninguna estación sea obligada a vender por debajo del costo de adquisición.
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Desarrollar lineamientos normativos que reflejen la operatividad de la cadena de distribución.
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Establecer una coordinación institucional efectiva y criterios técnicos en las inspecciones y sanciones.
El gremio también advirtió que ignorar estas consideraciones podría poner en riesgo la estabilidad financiera de muchas estaciones, especialmente las más pequeñas, y conducir incluso al cierre de negocios en diferentes regiones del país.
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Por su parte, el Ministerio de Minas y Energía ha dispuesto operativos de inspección, vigilancia y control permanentes para asegurar que las estaciones cumplan con la rebaja del precio de la gasolina. En caso de incumplimiento, las empresas podrían enfrentar sanciones que incluyen desde multas hasta la suspensión o cancelación de la autorización de operación, así como el bloqueo en el sistema de comercialización de combustibles.
El debate entre las autoridades y el sector comercial continúa, en un momento en que el país busca equilibrar la reducción de costos para el consumidor con la sostenibilidad del mercado de combustibles en Colombia.
