Por primera vez en su historia, España ha superado los 10 millones de residentes nacidos en el extranjero, un hito demográfico que refleja la fuerte incidencia de la inmigración en el crecimiento de su población total, que se sitúa en casi 49,6 millones de habitantes.
Según los datos preliminares de la Estadística Continua de Población del Instituto Nacional de Estadística (INE), uno de cada cinco residentes del país nació fuera de sus fronteras, mientras la natalidad sigue en descenso.
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¿Quiénes son los principales grupos migrantes?
El informe revela que, en el último trimestre de 2025, los flujos migratorios más intensos provinieron de:
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Colombia: con aproximadamente 36.600 nuevas llegadas.
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Venezuela: cerca de 27.000 nuevas personas.
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Marruecos: alrededor de 22.000 residentes recién llegados.
Estos grupos ocupan los primeros lugares entre las nacionalidades que más han contribuido al incremento de la población extranjera en territorio español, revirtiendo en parte tendencias demográficas nacionales de envejecimiento y baja fecundidad.
Aunque marroquíes siguen siendo la comunidad extranjera más numerosa en términos absolutos, los datos del INE señalan que la llegada de colombianos ha cobrado mayor fuerza en los años recientes, ubicándose incluso por encima de venezolanos y marroquíes en ciertos periodos.
Una población extranjera que sigue creciendo
De los más de 10 millones de residentes nacidos en el extranjero, alrededor de 7,24 millones mantienen su nacionalidad original, mientras que el resto ha adquirido la nacionalidad española a lo largo del tiempo.
Este crecimiento demográfico impulsado por la inmigración representa una fuente de renovación poblacional en España y plantea desafíos y oportunidades para políticas públicas en educación, empleo e integración social en distintas regiones del país.
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Analistas demográficos estiman que este fenómeno, si se mantiene, podría moldear significativamente la estructura social y económica de España en las próximas décadas, destacando la importancia de abordar la migración con enfoques integrales que equilibren derechos, necesidades laborales y cohesión social.
