La operación de la Nueva EPS enfrenta un serio riesgo financiero tras la imposición de embargos judiciales que superan los $2,1 billones, una cifra que equivale al total de su funcionamiento mensual y que podría afectar la atención en salud de más de 11,7 millones de afiliados en todo el país.
De acuerdo con la información entregada por la entidad, los embargos fueron ordenados por cuatro juzgados y han derivado en el bloqueo de cuentas bancarias y la retención de recursos provenientes de distintas fuentes de financiación, lo que ha limitado de manera significativa el flujo de pagos hacia la red de Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) y los gestores farmacéuticos.
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Actualmente, la Nueva EPS depende casi en su totalidad del giro directo semanal para cumplir con sus compromisos operativos, una situación que agrava su capacidad de respuesta frente a la demanda de servicios médicos y tratamientos de alto costo.
Alerta por el embargo de recursos de la UPC
La EPS recordó que los recursos correspondientes a la Unidad de Pago por Capitación (UPC) son constitucional y legalmente inembargables, al tratarse de fondos destinados exclusivamente a garantizar el derecho fundamental a la salud. No obstante, advirtió que algunas decisiones judiciales estarían desconociendo esta normativa, profundizando la crisis financiera que la entidad arrastra desde antes de la intervención estatal.
Según la información oficial, los embargos se concentran en alrededor de 95 IPS, en su mayoría grandes entidades privadas, lo que ha generado una presión adicional sobre la estabilidad financiera de la aseguradora.
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Nueva EPS activa alertas ante entidades de control
Ante este panorama, la Nueva EPS informó que la situación ya fue puesta en conocimiento de la Superintendencia Nacional de Salud, el Ministerio de Salud y Protección Social y la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES).
La entidad aseguró que continuará utilizando todas las vías jurídicas disponibles para proteger los recursos del sistema y evitar afectaciones en la prestación de los servicios de salud, especialmente para los millones de usuarios que dependen de su cobertura en las diferentes regiones del país.
