El Decreto 0175 de 2026, emitido por la administración del presidente Gustavo Petro para atender la emergencia económica derivada de la crisis invernal, ha generado una fuerte polémica política y jurídica. En medio del paquete de medidas aprobadas, el decreto incluye una disposición que amplía fuertemente las facultades de contratación estatal, incluso durante un periodo en el que rige la Ley de Garantías, que tradicionalmente limita ese tipo de operaciones antes de elecciones.
La senadora Angélica Lozano ha sido una de las voces más críticas. A través de sus redes sociales y pronunciamientos públicos, la congresista calificó como una “perla” la inclusión de una norma que autoriza la contratación directa sin límites de bienes, servicios y logística por parte de entidades públicas para enfrentar la emergencia, sin cumplir con los procesos de selección competitivos habituales ni respetar las restricciones de la mencionada Ley de Garantías.
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Facilidad para contratar, eliminación de límites y críticas en época electoral
Uno de los puntos que más ha encendido el debate es la eliminación del límite legal al valor de las adiciones contractuales. Bajo la normativa de contratación estatal vigente, los contratos solo podían ser adicionados hasta un cierto porcentaje de su valor inicial, un control pensado para evitar el aumento excesivo de gastos sin concurso público. Sin embargo, el Decreto 0175 permitiría superar ese tope sin restricciones, algo sin precedentes en medio de un periodo de campañas políticas.
Lozano advirtió que esta medida podría ser utilizada para influir en procesos electorales, al permitir adjudicar contratos grandes sin los filtros habituales de transparencia y competencia, justo cuando las campañas políticas están en pleno desarrollo para elegir nuevo Congreso y sucesor presidencial de Petro.
Gobierno defiende la medida y responde a las críticas
Desde el Ejecutivo se ha defendido que las disposiciones excepcionales buscan agilizar la ejecución de recursos públicos y la atención de la emergencia climática, que ha golpeado con fuerza al sector agropecuario y a miles de familias afectadas por inundaciones y desastres naturales. El decreto también regula la aplicación de artículos de la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007 sobre contratación estatal, con la intención de generar herramientas más flexibles para responder de manera urgente a la crisis.
Pese a esto, varios críticos insisten en que la emergencia no puede convertirse en un “cheque en blanco” que elimine controles esenciales del gasto público y los principios de selección objetiva, economía y responsabilidad que rigen los contratos estatales.
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¿Qué sigue con el Decreto 0175 y los organismos de control?
Hasta ahora, organismos como la Controlaría General de la República y la Procuraduría General de la Nación han señalado la importancia de vigilar los procesos de contratación, aunque no han emitido acciones concretas contra el decreto. Sin embargo, expertos y sectores políticos anticipan un debate profundo sobre los riesgos de permitir contrataciones sin límites en épocas sensibles como la electoral.
Las próximas semanas serán decisivas para definir si las medidas del decreto se mantienen tal como están o si se requieren ajustes urgentes que restablezcan controles más estrictos, en un contexto donde el manejo de recursos públicos y la transparencia son temas claves de discusión nacional.
