En una decisión que marca un hito en la política laboral del país, el Gobierno de Gustavo Petro firmó y publicó un nuevo decreto que mantiene el aumento del salario mínimo para 2026 en 23,7 %, tras cumplir con los requerimientos técnicos ordenados por el Consejo de Estado de Colombia. Esta medida ratifica el alza del ingreso básico a 2 millones de pesos mensuales, incluyendo el auxilio de transporte, tal como fue estipulado en diciembre de 2025.
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Nuevo decreto ratifica la política laboral del Gobierno
El decreto, firmado el 19 de febrero de 2026, fue presentado ante la opinión pública desde la Plaza de Bolívar en Bogotá, donde el presidente Petro afirmó que se ajustó el documento con todos los estudios técnicos, científicos y económicos exigidos por el máximo tribunal administrativo para sostener legalmente el incremento del salario mínimo.
Según el mandatario, el nuevo decreto responde al principio constitucional del “salario mínimo vital y móvil”, un concepto incorporado por su administración para garantizar que la remuneración cubra las necesidades básicas de los trabajadores colombianos.
Contexto judicial y técnico
La medida original, decretada a finales de 2025, fue suspendida de forma provisional por el Consejo de Estado, que solicitó al Ejecutivo presentar un acto administrativo con mayores fundamentos técnicos antes de su aprobación definitiva. El nuevo decreto incorpora análisis de productividad laboral, salario relativo y canasta mínima vital, entre otros estudios, para cumplir con esos requisitos.
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Autoridades laborales han subrayado que este ajuste salarial no implicará retrocesos en los ingresos de los trabajadores, dado que el valor previamente establecido se mantiene vigente mientras se tramita la revisión de fondo por parte del alto tribunal.
Impacto económico y social
El incremento al salario mínimo de 2026 representa uno de los ajustes más altos en décadas y busca beneficiar a alrededor de 2,4 millones de trabajadores formales en Colombia. Sin embargo, la decisión ha generado también discusiones en sectores empresariales y gremios económicos sobre su impacto en la inflación, la productividad y los costos laborales.
El Gobierno defiende que este salario vital y móvil contribuirá a fortalecer el poder adquisitivo de los trabajadores y promoverá una mayor equidad social, aunque el debate económico continuará en las próximas semanas conforme avance la evaluación judicial y la respuesta de diversos sectores.
