El presidente de Colombia, Gustavo Petro, lanzó una advertencia contundente este martes sobre la gravedad de las lluvias que han azotado el departamento de Córdoba y otras regiones del Caribe colombiano, calificándolas como “sin precedentes” y de difícil predicción meteorológica. Ante este escenario, solicitó formalmente a la Corte Constitucional que levante la suspensión del Decreto Legislativo de emergencia económica, una medida que —según el Gobierno— es fundamental para dotar de recursos y acelerar la atención humanitaria y material ante la crisis climática.
Lluvias extremas, inundaciones masivas y afectaciones humanas
Las intensas precipitaciones —potenciadas por frentes fríos atípicos en la región Caribe— han generado inundaciones generalizadas en más del 80 % del territorio cordobés, obligando a miles de familias a abandonar sus hogares y enfrentar pérdidas materiales y productivas sin precedentes. Autoridades locales han reportado cifras alarmantes de damnificados y daños a infraestructura, situación que ha elevado la presión sobre el Gobierno para responder de forma inmediata.
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Petro argumenta que estos fenómenos climáticos extraordinarios no solo superan los escenarios anticipados por el Estado, sino que también han cobrado vidas humanas y comprometido la seguridad alimentaria y económica de comunidades enteras.
Petición a la Corte Constitucional: recursos y herramientas para enfrentar la crisis
La solicitud presidencial formal se da en medio de la controversia por la suspensión de la emergencia económica decretada a finales de 2025, decisión tomada por la Corte Constitucional mientras evalúa los fundamentos del decreto. Petro subraya que la limitación del decreto reduce la capacidad del Estado para movilizar recursos rápidamente y atender a los afectados por la ola invernal, cuya duración e intensidad permanecen inciertas.
En una carta a los magistrados, el presidente enfatizó que levantar la suspensión no es un acto político, sino una decisión humana y constitucional para proteger vidas y mitigar los impactos de la emergencia climática en varias regiones del país.
La petición de Petro ha desatado debate político, ya que algunos sectores consideran que la suspensión de la emergencia fue una medida de control constitucional, y otros sostienen que reactivar el decreto ampliaría las herramientas para enfrentar el desastre climático. Este choque de posiciones se ha extendido a redes sociales y al seno de la Corte Constitucional, cuya decisión sobre la reactivación del decreto será clave para definir cómo el Estado canaliza recursos y acciones frente a la crisis climática actual.
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Colombia se encuentra en una coyuntura crítica tras las lluvias “sin precedentes” que han golpeado fuertemente a Córdoba y amplias zonas del Caribe. La solicitud del presidente Petro para reactivar la emergencia económica tiene como objetivo habilitar recursos urgentes y herramientas que permitan una respuesta más eficaz frente a una creciente tragedia climática que afecta a cientos de miles de personas. La decisión de la Corte Constitucional marcará un punto de inflexión en la capacidad de respuesta del Estado frente a este desastre.
