El presidente de Colombia, Gustavo Petro, reaccionó con firmeza después de que la Corte Constitucional decidiera el 29 de enero de 2026 suspender de manera temporal el decreto de emergencia económica y social que su gobierno había emitido en diciembre para afrontar la situación fiscal del país.
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Qué dijo Petro sobre la decisión judicial
Petro calificó la medida del alto tribunal como un error con posibles efectos negativos en la economía nacional. Desde su cuenta de la red social X, advirtió que la suspensión podría agudizar la crisis fiscal y trasladar la carga de la coyuntura económica hacia los sectores menos favorecidos. Según el mandatario, al frenar los impuestos dirigidos a los más ricos, la crisis tendría que ser absorbida por la ciudadanía en general.

En su mensaje, sostuvo que esta decisión podría tener repercusiones sociales y económicas:
“Por salvar el impuesto a los megarricos, se trasladará y socializará una crisis mayor… ahora vendrán las consecuencias”, afirmó Petro.
Argumentos del Gobierno
El presidente explicó que la emergencia económica fue declarada en respuesta a una situación fiscal compleja, con el objetivo de generar recursos para equilibrar el presupuesto de 2026, tras la caída de una reforma tributaria en el Congreso y la persistencia de un déficit considerable. Petro señaló que la paralización temporal del decreto debilita la capacidad del Estado para atender sus obligaciones financieras.
De acuerdo con el Gobierno, esta suspensión deja al Ejecutivo con menos herramientas para recaudar recursos y podría implicar mayores dificultades para financiar servicios públicos y pagar deuda.
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Críticas desde el Gabinete
El ministro del Interior, Armando Benedetti, también expresó su rechazo a la decisión de la Corte, argumentando que protege a los sectores más adinerados del país al impedir la implementación de tributos que, según él, buscaban equilibrar las finanzas públicas. Benedetti aseguró que la suspensión de la emergencia económica favorece a quienes poseen mayores ingresos.
Contexto de la suspensión
La Corte Constitucional optó por detener la aplicación del decreto de emergencia económica mientras evalúa si cumple con los requisitos constitucionales para su vigencia. Esta medida implica que las normas tributarias derivadas del decreto no pueden aplicarse temporalmente, aunque los impuestos ya recaudados no serán devueltos.
La declaración de emergencia, emitida el 22 de diciembre de 2025, buscaba otorgar facultades especiales al Ejecutivo para enfrentar el panorama económico y financiar el presupuesto nacional mediante ajustes fiscales y nuevos tributos.



